Por Rafael Navarro Barrón
La gobernadora Maru Campos ¿traicionó o la traicionaron? Complicada la respuesta ante una incierta verdad con mucha saliva y escasas pruebas. Hablamos de una gobernante que tiene años enfrentando presiones políticas, personales, judiciales y familiares que, evidentemente, la han quebrado.
Su ex fiscal, una máquina política y de alcances inimaginables en las relaciones con el poder (cualquiera que sea su origen), se abrió paso en la vida pública seguro de su posición frente a la gobernadora. Él sabe que parte del éxito político de Maru Campos se le obsequia a genialidad del panista detenido en El Altiplano y a lo que el propio César Jáuregui observó en la ex alcaldesa chihuahuense: una mujer con características innatas para triunfar electoralmente.
Pero Maru está agotada. Las reacciones políticas la han movido en el juego de ajedrez nacional, a veces hacia adelante y en otras rodeada por peones y alfiles.
En el caso de Claudia Sheinbaum, no tenemos que ser perfiladores psiquiátricos para deducir, por su rostro y expresiones, que es una enferma emocional. Los analistas de las grandes corporaciones de investigación como el FBI, advierten que mentir y ocultar la realidad, enferma y degrada tanto como un cáncer.
La realidad es que en el México convulso donde los grupos criminales y la política se mimetizan es difícil separar el azúcar del agua y del limón, cuando ya es limonada.
Aquí, en este espacio, al narrar el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, junto con el guía de turistas Pedro Palma, el 20 de junio de 2022 en el templo de la comunidad de Cerocahui, en la Sierra de Chihuahua -provocado por un enfermo y drogadicto narcotraficante- se informó de las relaciones insanas de los políticos de Morena (Juan Carlos Loera y Ariadna Montiel) y los narcotraficantes de Sinaloa y Chihuahua.
Los jesuitas y los morenistas no eran ajenos a los narcotraficantes. Su relación era permanente y de provecho mutuo; de protección y silencio porque los jesuitas serranos siempre han sido sucios y alejados de la doctrina cristiana. Los morenista y su jefe político, López Obrador, utilizaron todo lo que tenían a su alcance, incluyendo a los narcotraficantes, para acceder al poder.
En el PAN se arrastra el lastre del que ya nadie habla: el crimen atroz, alevoso y lamentable de la periodista Miroslava Breach en los tiempos de gobierno de Javier Corral.
¿Quién la mató? ¿quién la traicionó? ¿quién ocultó parte de la investigación del crimen y encubrió a los implicados porque eran afines al corralismo?. Una sola respuesta basta: la mandaron matar los narcotraficantes ligados a los grupos políticos.
La política atraviesa una de sus horas más oscuras. Nunca antes en la historia reciente habíamos asistido a un nivel tan profundo de degradación en el debate público. La mentira sistemática, la diatriba, el encono y la suciedad verbal han dejado de ser excepciones tácticas para convertirse en la norma operativa de una clase política que parece haber olvidado cualquier límite ético.
Vivimos bajo el imperio de la posverdad, donde las noticias falsas ya no son sólo fabricadas por actores anónimos en los sótanos de internet, sino promovidas, financiadas y difundidas por los mismos actores políticos que juraron lealtad a la verdad y a la ciudadanía.
La palabra empeñada carece de valor; la traición a los principios y a los aliados se disfraza de pragmatismo, y el debate de ideas ha sido sustituido por el insulto mezquino y la descalificación personal.
Este deterioro no se limita al terreno de la retórica; ha corrompido las instituciones. Por un lado, asistimos a una proliferación de denuncias judiciales estériles, utilizadas de manera frívola como herramientas de desgaste político que nunca proceden, saturando un sistema de justicia ya de por sí colapsado.
Por el otro, enfrentamos procesos y acusaciones impulsados desde el propio aparato gubernamental que se sostienen sobre alfileres jurídicos, diseñados no para procurar justicia, sino para intimidar, amedrentar o neutralizar a la oposición.
Fuera de las acusaciones contra César Jáuregui por el uso indebido de la función pública y traición a la patria, que son una estupidez, está la idea de que es corrupto y que su corrupción le dio dinero para comprar un par de casinos y restaurante.
¿Cuál es la verdad, pues? ¿Ariadna Montiel y Juan Carlos Loera se reunieron o no con el ‘Guano’ Guzmán Loera para arreglar la elección en la sierra?
A este panorama desolador se suma una violencia estructural que ensucia profundamente la vida pública: la misoginia y las falsas acusaciones utilizadas como armas de control.
El hostigamiento y los ataques arteros contra las mujeres en la política no solo buscan frenar carreras, sino perpetuar un sistema de exclusión basado en prejuicios inaceptables, degradando aún más el tejido democrático.
Todo este andamiaje de polarización y simulación tiene un propósito y un telón de fondo ineludible: la corrupción sistémica, los fraudes electorales y patrimoniales, y el saqueo descarado del erario público.
Los recursos que deberían destinarse a sanar las carencias sociales son dilapidados o robados bajo la complacencia o participación activa de quienes detentan el poder. Lo más grave no es el delito en sí, sino el ingrediente corrosivo que lo corona: la impunidad.
Cuando la ley deja de ser pareja, cuando las sanciones no llegan y cuando los pactos de silencio protegen a los infractores, el mensaje que se envía a la sociedad es demoledor: la política deja de ser un instrumento de servicio para convertirse en un botín.
La política actual se encuentra en un piso ético sin precedentes. La ciudadanía asiste atónita a un espectáculo donde la bajeza moral es premiada con reflectores y el cinismo se disfraza de liderazgo. Rescatar la vida pública de este lodazal no es tarea sencilla, pero es una urgencia vital.
Requiere de una sociedad civil vigilante, de instituciones verdaderamente autónomas que dejen de ser botín de cuotas y, sobre todo, de un rechazo absoluto en las urnas y en las calles hacia aquellos que han convertido la vileza en su forma de hacer política.
Si no exigimos dignidad y decencia, seguiremos siendo rehenes de la mediocridad y la corrupción institucionalizadas.
