Por Rafael Navarro Barrón
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, decidió dejar de pedir “diálogo” y poner el dedo en la llaga: lanzó un video, elevó el tono y exigió la entrega del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. No fue un desahogo. Fue un golpe político con sustento: la soberanía no se defiende con discursos, se defiende con cumplimiento de la ley.
Y enfrente, Palacio Nacional responde con lo de siempre: minimizar, esquivar y llamar “propaganda” lo que incomoda. La cara de Sheinbaum se transformó ante la pregunta, como suele ocurrir con temas que le incomodan o le molestan.
Simplemente, la presidenta, evitó responder de fondo y despachó el tema con la clásica de la mañanera: “propaganda política”. Esa salida no es neutral: es una forma de proteger el régimen del costo de actuar. Porque si el país va a señalar a funcionarios, entonces el sistema debe operar. Si no opera, no hay “crisis de comunicación”: hay crisis de justicia.
Campos no está discutiendo un eslogan; está exigiendo que se cumpla con procedimientos que, por lo visto, se activan cuando conviene y se congelan cuando señalan a los aliados. Eso no es soberanía. Eso es impunidad administrada.
Cuando la gobernadora afirma que amar a México implica exigir que se cumpla la ley, está diciendo una verdad que muchos se empeñan en ignorar: la soberanía no es un pleito de frases, es un compromiso institucional.
Si México no procesa señalados, pierde algo más que credibilidad internacional: pierde autoridad moral para reclamar respeto. Y si el gobierno federal prefiere el teatro al expediente, entonces no sorprende el argumento de Campos sobre la pérdida de confianza y el riesgo incluso en el marco económico.
Porque al final del día, la pregunta es simple: ¿qué se investiga y qué se sanciona?
La respuesta —por ahora— parece ser: nada, o demasiado tarde.
Mientras Chihuahua exige cuentas por la legalidad, el bolsillo de su gente se empieza a romper. Campos advierte un recorte del 30% y reporta despidos en dependencias estatales. Traducido: el conflicto político se cobra con empleo y los reclamos sociales ya empezaron.
Ahí está el problema central del momento: la guerra entre gobiernos no debería pagarse con familias que dependen de esos ingresos. Pero se paga. Se paga porque la política se convirtió en castigo y la administración pública en rehén.
Si el recorte fuera solo una medida técnica, no habría un contexto tan conveniente para el agravio. Pero aquí el discurso es demasiado claro: Maru Campos lo llama castigo político. Y cuando el efecto cae directo en la gente, el cinismo deja de ser cómodo y empieza a ser escandaloso.
Como si no bastara, Chihuahua también está en el choque local: Maru Campos contra Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez que busca ser el candidato de Morena a la gubernatura estatal.
Obras, recursos, abandono, rezagos. Todo suena a campaña, aunque se presente como gestión. Basta entrar a la ciudad por cualquiera de los puntos cardinales, hasta en los puentes internacionales. La basura, el descuido, la indolencia…todo junto frente a un político como lo es Pérez Cuéllar que presume a Juárez como la gran metrópoli transformada en sus cinco años de administración municipal.
La frontera no necesita exhibiciones de “cuánto hice”. Necesita resultados tangibles: seguridad, servicios, infraestructura, atención real. Cuando la política se obsesiona con el relato, la calle se queda sin soluciones y la bronca se vuelve cotidiana.
Y esa pelea tiene un agravante: mientras arriba se discute quién tiene la razón, abajo se siente el golpe—con rezagos y ahora con el ruido de los despidos.
Chihuahua hoy enfrenta tres frentes al mismo tiempo: uno nacional, exigiendo que se procese a quienes están señalados; uno interno, disputando cómo se gobierna y cómo se cuenta Ciudad Juárez; uno social, donde el recorte y los despidos ya empezaron a pegar.
¿La consecuencia? Un desgaste doble: por un lado, se pierde tiempo en el choque mediático; por otro, se sacrifica capacidad institucional y seguridad económica de la población.
Si el gobierno federal quiere llamar “propaganda” a la exigencia de legalidad, entonces que explique por qué la gente está perdiendo empleo. Y si el debate municipal se reduce a pelear por narrativas, que respondan por qué Ciudad Juárez sigue con rezagos que no se resuelven con discursos.
Porque al final no gana el más ruidoso. Gana el que actúa. Y hasta ahora, lo que vemos es una cadena: evasión federal, confrontación política y costo social.
Chihuahua no solo está peleando. Está alertando. Y el país debería escuchar—antes de que el precio sea más caro que el pleito.
