Finalmente, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia con carácter irrevocable. Lo hizo —según sus propias palabras— por congruencia y en aras de la transparencia, con el objetivo de permitir que se desarrollen sin obstáculos las investigaciones en torno a los hechos ocurridos entre el 17 y 19 del mes. En ese lapso no solo se aseguró uno de los narcolaboratorios de metanfetaminas más grandes del país, sino que además se registró la muerte accidental de personal de la Agencia Estatal de Investigación y de agentes de la CIA.
La dimisión se confirmó durante la tarde-noche de ayer, aunque desde la mañana ya circulaban versiones sobre su salida. La ausencia del fiscal en la mesa estatal de seguridad —a la que nunca faltaba— encendió las alertas y alimentó las especulaciones.
Horas antes, la gobernadora María Eugenia Campos Galván había sido cuestionada sobre posibles cambios en su gabinete relacionados con los acontecimientos en el municipio de Morelos. Su respuesta fue tajante: no había intención de realizar ajustes. Sin embargo, los hechos terminaron marcando un rumbo distinto.
En un mensaje breve, Jáuregui Moreno asumió la responsabilidad política de lo ocurrido y dejó en claro que su decisión buscaba facilitar el esclarecimiento de los hechos. Su postura, más allá de interpretaciones, envía una señal poco común en la vida pública: la disposición de apartarse del cargo para no interferir en el curso de la justicia.
La renuncia se da después de una reunión clave con el secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en la que participaron también la gobernadora y el secretario estatal de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Ese encuentro parece haber sido determinante en la toma de decisiones.
En paralelo, desde el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó la llamada Comisión de la Verdad impulsada por el gobierno estatal para investigar el caso. Más aún, acotó las posibles responsabilidades a dos figuras: el fiscal o el secretario de Seguridad de Chihuahua, lo que sugiere que el margen de maniobra política ya estaba delineado.
Así, la salida de Jáuregui no puede entenderse únicamente como un acto individual. Todo apunta a un acuerdo político que privilegia la gobernabilidad y la coordinación con la Federación. Una decisión que, aunque presentada como voluntaria, refleja también las tensiones y equilibrios que hoy marcan la relación entre los distintos niveles de gobierno.
Habrá que ver si este movimiento abre realmente la puerta a una investigación a fondo o si, como suele ocurrir, se convierte en un relevo que absorbe el costo político sin modificar de raíz las condiciones que dieron origen a la crisis.
Caso Cerrado
Wendy Paola Chávez
Casualmente —aunque en política las casualidades suelen ser más bien decisiones cuidadosamente calculadas—, la fiscal encargada de la llamada Comisión de la Verdad, Wendy Chávez, convocó ayer por la tarde a una rueda de prensa que terminó por no decir nada y, al mismo tiempo, decirlo todo: que las conclusiones ya estaban definidas de antemano.
Su exposición fue, en esencia, una narrativa para cerrar el caso sin abrirlo realmente. Según sus indagaciones, los militares que participaron en el aseguramiento del narcolaboratorio no tenían conocimiento de la presencia de agentes de la CIA. Una afirmación que, más que aclarar, parece diseñada para deslindar responsabilidades mayores y que suena, inevitablemente, a una línea dictada desde el centro del país.
Más aún, sostuvo que la participación de los agentes estadounidenses fue una decisión unilateral del entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, hoy fallecido. Es decir, un funcionario que —según esta versión— operaba por cuenta propia en un tema de cooperación internacional, sin autorización y sin coordinación.
Los de la CIA participaron en un operativo de alto riesgo, prácticamente como invitados.
Al final, la fiscal no llegó a nada nuevo. Y ese es precisamente el mensaje: no hay nada más que investigar, nada que escarbar, nada que cuestionar.
La narrativa coincide, además, con lo expresado desde la Federación. Desde la mañana, la presidenta ya había marcado el tono: aquí no pasó nada que amerite mayor discusión y, sobre todo, nada que vuelva a suceder. Declaración que llegó, por cierto, después de su conversación con el embajador de Estados Unidos.
Próximo domingo Sangre Nueva en Morena
Morena ha puesto fecha y lugar para uno de sus movimientos internos más relevantes: el próximo domingo, en el World Trade Center de la Ciudad de México, celebrará su Consejo Político Nacional para renovar parte de su dirigencia. Y aunque en el papel se trata de un proceso ordinario, en el fondo refleja las tensiones, reacomodos y prioridades del partido en el poder.
La convocatoria es clara en lo inmediato: se renovará la presidencia nacional, posición que actualmente ocupa Luisa María Alcalde, y todo apunta a que será la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien asuma el control político del partido. De concretarse, no sería solo un relevo administrativo, sino un movimiento estratégico que consolidaría la influencia de uno de los grupos más cercanos al poder federal dentro de Morena.
Pero el cambio que quizá dice más de lo que aparenta es el de la tesorería. El relevo de Iván Herrera Zazueta no llega en el vacío. Las versiones sobre manejos financieros poco claros han circulado con insistencia en medios nacionales, y aunque no hay una postura oficial que lo confirme, el simple hecho de sustituirlo en este momento levanta más preguntas que certezas. En política, los movimientos en el dinero rara vez son casuales.
Por ahora, la convocatoria acota los cambios a estas dos posiciones, lo que también envía una señal importante: no habrá relevo en la secretaría de Organización, donde se mantiene Andy López Beltrán. Su permanencia descarta, al menos en este momento, cualquier intento por redistribuir el control territorial del partido, uno de los espacios más sensibles rumbo a los procesos electorales por venir.
En el orden del día también se abre la puerta a posibles reformas estatutarias, aunque sin mencionar cuáles. Ese vacío no es menor. Las reglas internas de Morena han sido, desde su origen, un campo de disputa constante entre corrientes, liderazgos y visiones de partido. Cualquier ajuste, por mínimo que parezca, puede tener implicaciones profundas en la forma en que se toman decisiones y se distribuye el poder.
Así, el Consejo del domingo no solo definirá nombres, sino que permitirá leer con mayor claridad hacia dónde se inclina la balanza dentro de Morena. Entre relevos, permanencias y posibles cambios de reglas, el partido se reconfigura sin estridencias, pero con la lógica clara de quien sabe que el control interno es la antesala de las batallas externas.
