Al final, el llamado Plan B pasó… pero a medias. Y en política, lo que no pasa completo suele ser lo verdaderamente importante. Lo sustancial quedó atorado, gracias a una combinación poco usual: el Partido del Trabajo y, desde luego, los partidos de oposición frenaron la revocación de mandato.
En la lectura inmediata, el rechazo representa un revés para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. No estará en la boleta electoral en 2027 haciendo campaña, ni por ella ni por sus candidatos. No hubo mayoría calificada, y la revocación tendrá que realizarse en 2028, como lo establece la Constitución. El intento de reforma simplemente no prosperó.
Sin embargo, el trasfondo es más complejo.
La presencia de la presidenta en la boleta podría haber significado menos votos para Morena, incluso poniendo en riesgo algunas entidades que hoy gobierna, así como la mayoría calificada en el Congreso. En ese sentido, lo que parece derrota podría también leerse como contención de daños.
Sheinbaum se mostró serena, tranquila, incluso contenta durante la mañanera. El discurso del “ahorro millonario” —que supuestamente se destinaría a medicinas para el “amado pueblo”— pasó a segundo plano. La narrativa cambió con rapidez, como suele suceder cuando el resultado político no coincide con el discurso previo.
Hay quienes sugieren que ese era, en realidad, el Plan D: que la oposición y las corrientes internas se involucraran de lleno en la revocación… y la frenaran. Una jugada donde perder en el papel significa ganar en el tablero.
Pero el tema está lejos de cerrarse.
Un grupo de legisladores de Morena ya plantea reducir el umbral de participación del 40% al 30% para validar la revocación. De concretarse, el escenario cambiaría de manera significativa. La presidenta, pese a su alta popularidad —cuestionada o no—, tendría que construir acuerdos, al menos con el Partido del Trabajo, para asegurar gobernabilidad en ese proceso.
Así, el calendario político se reacomoda: en 2027 no estará en la boleta, pero en 2028 sí podría estarlo, en condiciones más favorables, con su grupo consolidado en posiciones clave y con menor dependencia del llamado “príncipe de Macuspana” … ya saben a quién nos referimos.
Porque en política, como quedó claro esta semana, lo que no avanza también cuenta. Y a veces, cuenta más.
Morena cierra filas: la apuesta por la estructura territorial
HUGO GLEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL
En política, la organización interna no siempre ocupa titulares, pero suele definir el rumbo de los procesos electorales. Y en ese terreno, Morena parece decidido a no dejar cabos sueltos.
El regidor y presidente del Consejo Estatal del partido, Hugo González, informó que el Comité Ejecutivo Nacional ha publicado la convocatoria para conformar los Consejos Municipales, lo que representa el último eslabón pendiente en la estructura organizativa interna del movimiento.
No se trata de un trámite menor. En palabras del propio González, “es un paso fundamental para fortalecer la vida democrática y la representación de nuestro movimiento en todo el país”. Traducido al lenguaje político: se trata de afianzar el control territorial y ordenar la operación desde lo local.
El caso de Chihuahua resulta especialmente relevante. Durante el próximo fin de semana se instalarán Consejos Municipales en diez municipios, siguiendo la ruta marcada desde el ámbito nacional. La intención es clara: consolidar la presencia de Morena en cada rincón de la entidad, en un estado donde la competencia política sigue siendo intensa.
La integración de estos consejos tampoco es improvisada. Estarán conformados por las presidencias y secretarías generales de los comités seccionales de cada municipio. Es decir, cuadros que ya operan en territorio, con conocimiento directo de la militancia y de las dinámicas locales.
Según González, este esquema refuerza la legitimidad interna y la vinculación con las bases. Pero también deja ver algo más: Morena está apostando por institucionalizar su estructura, alejándose —al menos en el discurso— de la improvisación que caracterizó sus primeros años.
La pregunta de fondo es si esta consolidación organizativa logrará traducirse en cohesión política. Porque si algo ha quedado claro en los últimos procesos, es que la fortaleza territorial no siempre garantiza unidad interna.
Por ahora, Morena avanza en el armado de su maquinaria. Y en política, quien controla la estructura… suele tener medio camino ganado.
Entre ICE y la FGR: El Caso Berthita que Puede Escalar
En el tema de Bertha G., esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, detenida en El Paso, Texas por agentes del ICE, el escenario dista mucho de ser sencillo. Por el contrario, todo apunta a que podría complejizarse en los próximos días.
El punto que llama la atención es el comunicado de la Fiscalía General de la República, en el que se establece que “colaborará” para la extradición a México. La palabra no es menor. En términos políticos y jurídicos, suena grave y delicada. No es una tarea común para la FGR, y menos en un contexto donde miles de deportaciones han ocurrido recientemente sin este tipo de acompañamiento institucional.
La clave está en los matices.
Si bien el comunicado señala que se trata de coadyuvar en el procedimiento, también admite que existe una solicitud expresa de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, debido a que enfrenta carpetas de investigación. Es decir, el caso no se limita al ámbito migratorio ni a una simple detención administrativa en territorio estadounidense.
El fondo del asunto es otro.
De confirmarse esta ruta, la esposa del exgobernador podría no solo ser devuelta a México, sino terminar en un Cereso estatal. En ese escenario, los temas migratorios pasarían a segundo plano, desplazados por procesos penales locales que podrían abrir una nueva etapa en un caso ya de por sí cargado de implicaciones políticas.
Y ahí es donde el panorama se vuelve incierto.
Porque lo que siga no depende únicamente de tribunales o procedimientos formales, sino de decisiones políticas, tiempos judiciales y acuerdos que rara vez son visibles. En casos como este, la línea entre justicia y cálculo político suele ser más delgada de lo que se reconoce públicamente.
Por ahora, el caso transita entre dos jurisdicciones y múltiples lecturas. Y como suele ocurrir en estos expedientes, lo que parece un trámite podría convertirse en un punto de inflexión.
Lo demás —el desenlace real— está, por ahora, fuera de cualquier pronóstico.
