La gobernadora Maru Campos ha realizado ajustes clave en el área de comunicación de su administración, designando a José Luis Martínez Juárez como nuevo Coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado. Este cambio se da tras la renuncia de Sergio Ramírez Robles, quien dejó el cargo el pasado 28 de febrero por motivos personales.
Además, la mandataria nombró a Francisco Trejo Mendoza como Director General de Comunicación, reforzando así la estructura de esta área estratégica para la difusión de acciones y políticas gubernamentales.
Ambos funcionarios cuentan con una amplia trayectoria en comunicación política, lo que sugiere que el gobierno estatal busca fortalecer su estrategia de información y cercanía con la ciudadanía. Estos cambios podrían responder a la necesidad de mejorar la percepción pública o ajustar el rumbo de la comunicación en un contexto político y social dinámico.
Será interesante observar cómo estas designaciones impactan en la manera en que el Gobierno del Estado transmite su mensaje y mantiene el diálogo con la sociedad. En un entorno donde la comunicación es clave, los nuevos funcionarios tienen el reto de consolidar una estrategia efectiva y transparente.
El próximo domingo el Mitin contra Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha convocado a una asamblea nacional informativa el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Este acto surge como respuesta a la imposición de un arancel del 25% a varios productos mexicanos por parte de Estados Unidos. Sin embargo, esta reacción parece tardía, especialmente cuando se compara con la respuesta de Canadá, que en cuestión de horas anunció medidas como la suspensión de la venta de gas, petróleo y energía eléctrica a su vecino del sur. Aunque contundente, la posición de Canadá sigue siendo desventajosa frente a Estados Unidos, y la situación de México es aún más precaria.
La relación comercial entre México y Estados Unidos es asimétrica. Si se compara el Producto Interno Bruto (PIB), la economía mexicana representa apenas un 2.5% frente al 7.5% estadounidense. Esta desproporción resalta la dependencia de México y la dificultad de establecer una represalia arancelaria efectiva. La aplicación de aranceles a productos estadounidenses sería simbólica y no tendría un impacto significativo en la economía norteamericana, pese a los argumentos de que Donald Trump y su equipo podrían estarse perjudicando a sí mismos.
Por otro lado, más allá de los tecnicismos económicos, la asamblea convocada por Sheinbaum Pardo inevitablemente se convertirá en un mitin de carácter político y proselitista, a pesar de que no estamos formalmente en campaña. El discurso girará en torno a la unidad nacional ante la presión del “imperialismo yanqui”, una retórica que resuena con los sectores más leales al actual gobierno. No obstante, esta llamada a la unidad choca con la realidad de un país polarizado, división atribuida en gran parte al discurso promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en separar a la sociedad entre ricos y pobres, conservadores y liberales, entre otras categorías.
También se hablará de la defensa de la soberanía, la autonomía nacional y el respeto entre naciones, principios con los que cualquier mexicano podría estar de acuerdo. Sin embargo, estos planteamientos no contribuyen a solucionar el conflicto comercial, que requiere inteligencia, diplomacia y acuerdos pragmáticos. La realidad es que México está en una posición de desventaja y los acuerdos que logre no serán equitativos, pero sí necesarios para mitigar el impacto económico.
En esencia, la asamblea será un ejercicio de percepción política, un intento de proyectar a Sheinbaum como una presidenta fuerte y patriota ante los ojos de sus seguidores. Sin embargo, en la práctica, esto tendrá poca o nula influencia en la postura de Trump y su gobierno. La diplomacia de Estado y los grandes acuerdos son los instrumentos que realmente pueden generar un beneficio mutuo para ambas naciones, pero esta realidad parece quedar opacada por la narrativa política del momento.
La ocurrencia de la diputada Magdalena Rentería Pérez
La diputada local de Morena, Magdalena Rentería Pérez, realizó un exhorto a nivel de punto de acuerdo para que los colegios de bachilleres de Chihuahua ya no realicen examen de admisión, que sean gratuitos y que desaparezca la obligatoriedad de los uniformes.
La propuesta está bien fundamentada y es fácil de vender al electorado. La educación en los bachilleratos no es barata, aunque tampoco alcanza los costos de las preparatorias privadas. En cuanto a los uniformes, sus precios son variados, pero representan un gasto considerable para muchas familias.
Sin embargo, eliminar el examen de admisión significaría la necesidad de construir al menos 25 planteles adicionales en el estado, es decir, un incremento del 50% en la infraestructura actual. Además, sería imprescindible destinar recursos suficientes para su adecuado funcionamiento. De lo contrario, el sistema de bachillerato público seguiría dejando fuera a miles de aspirantes, con o sin examen de selección.
Otro punto a considerar es de dónde se obtendrían los recursos que los planteles captan de manera directa a través de inscripciones y colegiaturas. Más aún cuando la Federación, que aporta aproximadamente el 50% del presupuesto, ha recortado los fondos destinados a la educación en este año.
En cuanto a los uniformes, los estudiantes estarían encantados con la eliminación de la obligatoriedad, pero para los padres de familia podría representar un problema. Un uniforme escolar puede ser utilizado varias veces a la semana, mientras que la ropa de uso común requiere una mayor rotación, lo que podría traducirse en un gasto extra.
En fin, se trata de una propuesta con un claro cariz populista, al estilo de Morena. Es similar a la iniciativa de las 100 universidades creadas por el presidente López Obrador, muchas de ellas sin infraestructura ni reconocimiento académico. Proponer no empobrece, pero regalar dinero sí tiene consecuencias económicas serias.
