Lo que comenzó como un esfuerzo legítimo por proteger a la infancia en espacios institucionales, hoy se ha tornado en un proceso plagado de inconsistencias, sesgos y, lamentablemente, sangre. La reciente ejecución del abogado Óscar Gael Cano Rodríguez, defensor de una de las imputadas del caso Techo Comunitario, nos obliga a mirar más allá de los titulares: ¿realmente estamos ante un combate a la impunidad o frente a una persecución jurídica cargada de intereses oscuros?. La autoridad dice que probablemente la ejecución se llevó por otros motivos ya que el jurista también defendía a dos integrantes de un grupo delictivo.
Van dos abogados defensores asesinados en menos de un año —el primero, César Gaspar Castañeda Candelaria, en julio de 2024, y ahora Cano Rodríguez este 8 de junio— No dejan de ser señales, la suspicacia se da y pudiera ser reflejo de lo que ocurre alrededor de las guarderías auspiciadas por el IMSS y el ISSSTE no es un simple caso judicial. Hay mucho más en juego.
Abogado asesindo
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, ha delegado en su subordinada en Ciudad Juárez, Verónica Gaspar Camacho, el protagonismo legal de esta cruzada. Ella ha liderado imputaciones en múltiples casos, casi con una obsesión persecutoria, y en un contexto donde los casos carecen de una narrativa judicial coherente, las imputaciones se multiplican. Muchas de ellas terminan en prisión preventiva sin pruebas contundentes, según ha señalado la propia defensa.
Brenda Lara, asesora de víctimas en la CEAVE, ha sido señalada como figura parcial, presente de forma constante en las audiencias, mientras que la jueza de control Brisa Yadira Meraz Mendoza ha dictado al menos una no vinculación a proceso por falta de pruebas. La balanza, sin embargo, parece inclinarse con fuerza del lado acusador, y la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué?
En esta “limpieza institucional”, los nombres de las guarderías han sido expuestos: Mi Pequeño Tambor, Guardería Loon, Niñito Jesús, Mi Mundo de Colores, ISSSTE EBDI 32, Techo Comunitario. Las trabajadoras han sido procesadas una a una: Teresa Johana T. E., Lourdes Z. M., Graciela L. R., Blanca Patricia R. S., Rosa Iveth V. G., Norma Laura V. B., Naomi Yamilé R. P. La lista crece, como si se tratara de una cacería bien orquestada.
Detrás del discurso de justicia y protección infantil, hay quienes señalan un móvil más crudo: intereses económicos. Las guarderías representan contratos, concesiones, y flujos millonarios que podrían estar en disputa. En este juego, no hay espacio para ingenuidad: el silencio del IMSS y el ISSSTE es tan elocuente como la ausencia de respaldo institucional a las concesionarias. Las organizaciones civiles como GUARDIANNA A.C. y la CEAVE se mantienen al margen de esta tensión jurídica, enfocadas en acompañar a las familias, pero no pueden —ni deben— ignorar que el sistema judicial parece haber sido capturado por una dinámica de poder, venganza y beneficios personales.
La justicia no puede construirse sobre el miedo.
Una presidenta anunciada: Marcela Herrera y la “democracia” judicial
Una elección simulada
Salvo un imprevisto que descomponga los engranes ya aceitados del sistema, Marcela Herrera Sandoval será la próxima presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Chihuahua. La elección, que aún no es oficial pero ya se perfila con certeza, dista mucho de haber sido un ejercicio democrático genuino. Lo que vimos fue una coreografía política calculada y perfectamente ejecutada desde los centros de poder.
Con más del 90% de las casillas computadas, el Instituto Estatal Electoral (IEE) confirmó que Herrera Sandoval acumuló 99,291 votos, superando por más de 10 mil a su contendiente más cercano. El segundo lugar lo ocupa Yamil Athié Gómez —sobrino del rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, Kamel Athié— y en tercer lugar, Gerardo Acosta Favela, nombres todos vinculados, de una u otra forma, con el establishment político.
Pero más allá del número de votos, hay un dato insoslayable: la contienda nunca fue una competencia abierta ni libre, y menos aún, democrática. No hubo participación ciudadana auténtica, ni voto popular real. El proceso se cocinó en la opacidad de acuerdos cupulares, disfrazado de una elección. El aparato partidista —PAN, PRI, MC y hasta PT— tuvo su cuota de representación, sí, pero no por voluntad ciudadana, sino por conveniencia del poder.
Marcela Herrera, actual directora de Planeación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, llegará al STJ como la figura de mayor votación entre aspirantes hombres y mujeres.
La democracia, cuando se vacía de contenido, no es más que una palabra hueca. Esta “elección” judicial estatal y nacional es prueba de ello. Mientras se nos presenta como un triunfo de la representación y de la equidad de género, lo que en realidad se impone es un modelo de designación controlada, blindado desde arriba, donde las verdaderas decisiones se toman lejos de las urnas.
Si no ocurrió el domingo en las elecciones federales, tampoco sucedió aquí: el pueblo no eligió. Fue una farsa institucional, un teatro electoral con final anunciado.
Y en ese escenario, Marcela Herrera, salvo que algo extraordinario ocurra, subirá al estrado como presidenta del STJ, no por la fuerza de un mandato ciudadano, sino por la voluntad pactada de los que siguen manejando los hilos desde los pasillos del poder.
Claudia defiende a los migrantes
Presdienta en contra de la represión de migrantes en California
El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó las redadas migratorias en Estados Unidos, afirmando que no resuelven el problema migratorio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores instó a respetar los derechos humanos y activó mecanismos consulares para proteger a los mexicanos detenidos. Las detenciones, principalmente en California, han generado manifestaciones y tensiones.
México aboga por abordar la migración de manera integral y con colaboración regional, mientras que las autoridades estadounidenses intensifican la presencia policial en medio de una fuerte oposición en California.
Muchos están de acuerdo con eso, pero comentan, tampoco con expresiones se resuelve la expulsión de connacionales por falta de oportunidades en su país.
