Desde Estados Unidos ya “salió el peine”. No fue un analista cualquiera ni un comentarista de ocasión, sino un actor con peso institucional quien puso en palabras lo que durante años se ha manejado en voz baja: la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia y operaciones especiales es más profunda de lo que públicamente se reconoce.
El congresista republicano Michael McCaul lo dijo sin rodeos: resulta inverosímil que la presidenta Claudia Sheinbaum desconociera operaciones de la CIA en territorio mexicano. La afirmación no sólo apunta a una persona o a un gobierno, sino a una narrativa completa que ha intentado sostenerse desde la política doméstica: la de una soberanía ejercida sin interferencias externas en temas de seguridad.
Pero la realidad —esa que rara vez cabe en los discursos— es otra. México y Estados Unidos comparten una frontera, pero sobre todo comparten amenazas: crimen organizado transnacional, tráfico de drogas, armas, personas. Pensar que cada país actúa en aislamiento es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, deliberadamente engañoso.
Las palabras de McCaul tienen peso específico. No habla desde la especulación, sino desde su posición al frente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, un espacio donde la cooperación bilateral no es teoría, sino práctica cotidiana. Su declaración, por tanto, no revela algo nuevo, pero sí rompe —aunque sea parcialmente— el acuerdo tácito de discreción.
Y ahí está el punto central: la coordinación existe, siempre ha existido, pero políticamente se administra. Se dosifica. Se niega o se matiza dependiendo del momento, del contexto interno, de las presiones ideológicas o electorales.
En México, reconocer abiertamente la participación de agencias estadounidenses suele ser políticamente costoso. La historia pesa, y la narrativa de soberanía sigue siendo un recurso poderoso. En Estados Unidos, en cambio, la cooperación se asume con mayor pragmatismo: lo importante es que funcione.
El problema no es la colaboración en sí —que resulta lógica e incluso necesaria—, sino la brecha entre el discurso público y la realidad operativa. Esa distancia erosiona la confianza ciudadana y convierte un tema estratégico en un juego de simulación política.
Si algo dejan claro estas declaraciones es que el debate ya no puede seguir girando en torno a negar lo evidente. La verdadera discusión debería centrarse en los términos de esa cooperación: su alcance, sus límites, su supervisión y, sobre todo, su transparencia.
Porque al final, más allá de quién “sabía” o quién “no sabía”, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la forma en que un país define su soberanía en un mundo donde la seguridad, nos guste o no, es cada vez más compartida.
¡Adios a Luisa Alcalde!
Luisa María Alcalde
En política, los movimientos que parecen administrativos suelen ser, en realidad, profundamente estratégicos. Esta semana podría concretarse una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional de Morena con un objetivo claro: formalizar la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia nacional del partido.
El ajuste no es menor. Alcalde se integrará al gabinete de Claudia Sheinbaum como consejera jurídica, en una decisión que, más allá de lo sorpresivo, apunta a consolidar el control político del nuevo gobierno desde el arranque. Morena, mientras tanto, se queda sin una dirigencia que había operado en una zona de relativa estabilidad.
La pregunta inevitable es quién tomará el relevo. En la baraja aparecen tres nombres con peso propio: Ariadna Montiel, Alfonso Durazo y Citlalli Hernández. Cada uno representa una línea distinta dentro del movimiento, pero no todos tienen el mismo nivel de operación territorial.
Todo indica que Montiel lleva ventaja. No necesariamente por reflectores, sino por resultados. Desde la Secretaría de Bienestar ha construido una de las estructuras más eficaces de movilización política del país, con presencia directa en millones de hogares. En Morena, eso no es un dato menor: es capital político puro.
Su eventual llegada a la dirigencia no sólo sería un relevo, sino un cambio de énfasis. Morena pasaría de una conducción más institucional a una más operativa, enfocada en territorio, programas sociales y maquinaria electoral. Es decir, menos discurso y más estructura.
Para Morena, la decisión ocurre en un momento clave. Con el poder federal asegurado, el reto ya no es ganar, sino sostener y ampliar. Y eso, en política mexicana, se logra con organización, disciplina y presencia constante en el terreno.
Si se confirma el ascenso de Montiel, el mensaje será claro: el partido no está pensando en el pasado inmediato, sino en los próximos procesos electorales. Y para eso, más que figuras mediáticas, necesita operadores eficaces.
Al final, la salida de Alcalde y la posible llegada de Montiel no son movimientos aislados. Son parte de una reconfiguración más amplia donde gobierno y partido vuelven a alinearse, no sólo en el discurso, sino en la lógica de poder. En Morena, como en toda fuerza dominante, la clave no es quién llega, sino para qué llega.
Le vale el IEE Andrea Chávez
Andrea Chávez
En teoría, el árbitro electoral pita. En la práctica, parece que apenas susurra. El Instituto Estatal Electoral le ordenó a la senadora con licencia Andrea Chávez retirar lonas y pintas donde su imagen aparece —dicen que casualmente— posicionándose ante la ciudadanía.
Nada grave, aclararon. No son actos anticipados de campaña… todavía. Sólo una “estrategia de posicionamiento”. Como quien dice: no es campaña, pero se parece muchísimo; no pide el voto, pero tampoco lo descarta.
El IEE fue generoso: tres días para retirar la publicidad. Tres. Ni uno más, ni uno menos. Un plazo que en cualquier país donde las reglas importan sería suficiente. Aquí, en cambio, parece ser apenas una sugerencia amable, casi una recomendación de cortesía.
Porque la aspirante de Morena a la gubernatura, nos dicen, anda tan tranquila que ni se inmuta. Las lonas siguen en su lugar, las pintas también, y el reloj… bueno, ese parece correr sólo para los mortales.
La escena es casi pedagógica: el árbitro levanta la voz, el jugador voltea a otro lado y el partido continúa como si nada. Y todos aprendiendo la lección correcta: que la norma existe, sí, pero su cumplimiento es optativo.
Mientras tanto, el “pueblo bueno y sabio” —ese que todo lo ve— empieza a hacer cuentas. Si hay orden pero no hay consecuencia, ¿qué incentivo real existe para obedecer? Si el castigo no llega, la falta deja de ser falta y se convierte en estrategia.
Y no es un caso aislado. Por las mismas andan muchos otros aspirantes —de todos los colores, para que nadie se sienta excluido— que tienen las ciudades convertidas en galerías de autopromoción. Bardas, espectaculares, lonas: el paisaje urbano como ensayo general de campañas que oficialmente no existen.
Al final, el mensaje es claro, aunque no se diga en voz alta: el que se adelanta gana terreno, y el que respeta los tiempos… se queda viendo.
Así que sí, hay tres días para retirar propaganda. O al menos eso dice el papel. En la realidad, parece que el plazo es mucho más flexible: dura lo que dure la paciencia del árbitro… o lo que tarde en olvidarse el silbatazo. Porque en este juego, lo importante no es cumplir la regla. Es ver hasta dónde se puede estirar.
