Por Rafael Navarro Barrón
La muerte de dos agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia en la región de la Sierra Tarahumara, desató una tormenta de acusaciones entre las facciones morenistas (algunos exmiembros del PAN) y la representación blanquiazul en Chihuahua y en las cámaras legislativas.
Los adjetivos sobran en una guerra que se centra en matices políticos y exageraciones. La tormenta política no solo es en México, sino que pasó la frontera, hacia los Estados Unidos, evidenciando profundas fracturas entre partidos, niveles de gobierno y posturas diplomáticas.
La duda en México y en las agencias de seguridad de Estados Unidos es el exacerbado interés del partido Morena y sus principales representantes en el gobierno, para evitar que se conozca la realidad del narcotráfico.
Lo han recubierto de soberanía nacional, pero las agencias norteamericanas tienen otros datos…información de primera mano que establece la relación entre políticos mexicanos (de todos los partidos) y el crimen organizado.
De ahí la alaraca, la preocupación, principalmente de la presidenta de la república y los morenistas que están aterrados por la información que tiene Estados Unidos que los vincula ampliamente con la protección y el dinero de los criminales que se dedican al tráfico de droga, combustible, fayuca, cobro de piso y todo lo que encierra el crimen organizado.
En el ámbito legislativo mexicano, el enfrentamiento entre el Partido Acción Nacional y el Movimiento Regeneración Nacional ha escalado rápidamente. Diputados y senadores del PAN han acusado al gobierno federal de negligencia en materia de seguridad, señalando que la presencia del crimen organizado en zonas rurales como la Sierra Tarahumara se ha dado por el efecto de la protección que se otorga, con mucho descaro, al crimen organizado.
Además, cuestionan la falta de coordinación con agencias internacionales ante la posible operación de agentes extranjeros en territorio nacional.
Por su parte, legisladores de Morena han respondido calificando estas acusaciones como “oportunistas” y han defendido la estrategia de seguridad del gobierno federal. Argumentan que la oposición busca politizar un hecho delicado para desgastar a la administración actual, y han pedido esperar los resultados oficiales de las investigaciones antes de emitir juicios.
A esta confrontación se sumaron las declaraciones del senador Javier Corral, quien lanzó señalamientos directos contra el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. Corral acusó a la fiscalía estatal de actuar con opacidad y de intentar controlar la narrativa pública del caso, insinuando posibles omisiones en la investigación inicial.
Corral Jurado dijo tener pruebas de la relación de César Jáuregui con el crimen organizado, al igual que la vinculación de la gobernadora, Maru Campos con los criminales.
También cuestionó la rapidez con la que autoridades locales descartaron ciertas líneas de investigación, lo que, a su juicio, podría comprometer el esclarecimiento de los hechos.
Desde el gobierno estatal, la postura ha sido de rechazo a dichas acusaciones. El entorno del fiscal Jáuregui ha defendido la actuación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, asegurando que se han seguido los protocolos correspondientes y que existe coordinación con instancias federales.
La controversia también ha cruzado fronteras. Desde Washington, funcionarios del gobierno han exigido una investigación transparente y han solicitado mayor colaboración por parte de México.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de indignación, reiterando el respeto a la soberanía nacional y subrayando que cualquier operación extranjera en territorio mexicano debe ser informada y autorizada. “No se permitirá la intervención sin conocimiento del Estado mexicano”, declaró en conferencia.
A nivel estatal, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha señalado que su administración ha colaborado plenamente con autoridades federales y ha pedido no politizar la tragedia. Sin embargo, también ha reconocido la complejidad de la situación en la Sierra Tarahumara, donde factores como la geografía, la marginación y la presencia del crimen organizado dificultan las labores de seguridad.
Antecedentes de intervención de la CIA en México
El caso ha reavivado el debate sobre la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano. Históricamente, la CIA ha tenido participación indirecta en operativos de inteligencia y combate al narcotráfico en México, generalmente bajo esquemas de cooperación bilateral.
Uno de los episodios más conocidos fue la colaboración en investigaciones relacionadas con cárteles durante las décadas de 1980 y 1990, en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.
Asimismo, en años recientes, reportes periodísticos han señalado la presencia de personal de inteligencia estadounidense apoyando labores de análisis e intercambio de información, aunque oficialmente bajo supervisión y coordinación del gobierno mexicano.
También se ha documentado la participación de agencias estadounidenses en operativos conjuntos o de asesoría tras casos de alto impacto, como el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, que derivó en una cooperación más estrecha entre ambos países.
Analistas consideran que este nuevo caso podría tensar aún más los límites de la colaboración, especialmente si se confirma la presencia activa de agentes extranjeros en una zona de alta conflictividad sin conocimiento pleno de las autoridades mexicanas.
La tragedia, más allá de sus implicaciones políticas, vuelve a poner en el centro la urgente necesidad de atender las condiciones de violencia en regiones históricamente olvidadas del país, mientras crecen las exigencias de claridad, rendición de cuentas y respeto a la soberanía nacional.
